25 febrero 2006
Las víctimas del terrorismo tienen todo el respaldo
Un millón de personas acudiendo a la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra la política antiterrorista del Gobierno implica que habría que multiplicar por un número con dos dígitos para intuir el apoyo real con que cuenta este colectivo en nuestro país. Al español, afortunadamente, aunque le cuesta demostralo, parece no gustarle que el gobierno se salte la ley a la torera. Lo cierto es que Rodríguez Zapatero tiene precedentes para entender que cuando González intentó sortear la ley (Gal, filesa, etc) le salió muy caro, aunque alguna vez, en pleno hechizo, lo pudo superar (Rumasa). Zapatero no está siendo respetuoso con nuestro ordenamiento jurídico en cuanto al Estatuto catalán y parece dispuesto a ningunear la reividicación de la AVT: "No son presos políticos, son asesinos". Ninguna amnistía puede recaer sobre ellos.
Liberación de Contenidos de las Instituciones Públicas
Tal y cómo se acordó, subo una Propuesta de Manifiesto tras la Reunión en Córdoba el 21 de enero
Liberación de Contenidos de las Instituciones Públicas
(Anexo a la Declaración por la Libertad de Expresión Digital)
Como parte consustancial al desarrollo de la libertad de expresión, la información es un derecho al que no se puede renunciar si se pretende ser libre.
El derecho a estar informado forma parte de la inalienabilidad de aquellas conquistas sociales que nos brindó la libertad. Sugerido en los artículos 11 y 14 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de agosto de 1789, en la Enmienda uno del Bill of Rights de Diciembre 1791 y mencionado expresamente en los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de diciembre de 1948 y 10 de la Convención Europea de los Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950, el derecho de información habita en el haber del ciudadano como lo hacen el de expresión o el de propiedad.
Una persona no es libre sin información y los poderes públicos se encuentran en la obligación jurídica, política y moral de crear las condiciones que faciliten el acceso a la misma siempre que ello sea posible.
Pero cuando el Estado es propietario de cierta información no considerada confidencial, ni catalogada como secreto de Estado, tiene el deber de hacerla pública. La información almacenada en los haberes del Estado ha sido sufragada con los impuestos del ciudadano y debe ser, por lo tanto, ofrecido su retorno en forma de posibilidad de acceso. Hasta hace poco tiempo, tan loable empresa habría resultado imposible, pero ahora constituye una auténtica posibilidad. Hoy, a través de la tecnología digital, una vez organizada la manera de servirla, ya no cuesta distribuirla.
Poder acceder a esa información desde cualquier lugar supone para el Estado cumplir con una obligación latente, satisfacer una demanda social y romper de verdad con la brecha digital, democratizando nuestra sociedad a través del acceso gratuito a la información pública.
Por lo tanto:
Entendemos que toda institución pública debe liberar sus contenidos y hacerlos accesibles para cualquier ciudadano a través de la Red.
Y empezaremos por la que más tiene que ofrecernos, la Televisión Española.
Si el MIT americano y la BBC inglesa lo han hecho, ¿por qué hemos de esperar una década a que la agenda política lo demande?
¡Levantemos el telón en el teatro de la libertad de información!
(Anexo a la Declaración por la Libertad de Expresión Digital)
Como parte consustancial al desarrollo de la libertad de expresión, la información es un derecho al que no se puede renunciar si se pretende ser libre.
El derecho a estar informado forma parte de la inalienabilidad de aquellas conquistas sociales que nos brindó la libertad. Sugerido en los artículos 11 y 14 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de agosto de 1789, en la Enmienda uno del Bill of Rights de Diciembre 1791 y mencionado expresamente en los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de diciembre de 1948 y 10 de la Convención Europea de los Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950, el derecho de información habita en el haber del ciudadano como lo hacen el de expresión o el de propiedad.
Una persona no es libre sin información y los poderes públicos se encuentran en la obligación jurídica, política y moral de crear las condiciones que faciliten el acceso a la misma siempre que ello sea posible.
Pero cuando el Estado es propietario de cierta información no considerada confidencial, ni catalogada como secreto de Estado, tiene el deber de hacerla pública. La información almacenada en los haberes del Estado ha sido sufragada con los impuestos del ciudadano y debe ser, por lo tanto, ofrecido su retorno en forma de posibilidad de acceso. Hasta hace poco tiempo, tan loable empresa habría resultado imposible, pero ahora constituye una auténtica posibilidad. Hoy, a través de la tecnología digital, una vez organizada la manera de servirla, ya no cuesta distribuirla.
Poder acceder a esa información desde cualquier lugar supone para el Estado cumplir con una obligación latente, satisfacer una demanda social y romper de verdad con la brecha digital, democratizando nuestra sociedad a través del acceso gratuito a la información pública.
Por lo tanto:
Entendemos que toda institución pública debe liberar sus contenidos y hacerlos accesibles para cualquier ciudadano a través de la Red.
Y empezaremos por la que más tiene que ofrecernos, la Televisión Española.
Si el MIT americano y la BBC inglesa lo han hecho, ¿por qué hemos de esperar una década a que la agenda política lo demande?
¡Levantemos el telón en el teatro de la libertad de información!
¡Exijamos a TVE que liberalice sus contenidos en la Red!
21 febrero 2006
La OPA y la Competencia
Nadie se engañe. Hay una pequeña diferencia entre que "ope" una empresa que ya está operando en el territorio nacional y y otra que no lo hace. La pequeña diferencia se llama simplemente competencia. Sí, competencia. Aquello que al existir hace que nadie se aproveche de una posición de privilegio, aquello cuya existencia fuerza los precios a la baja. Si "opa" Gas natural, se acaba la competencia. Si "opa" la alemana E.ON la competencia sigue existiendo. Ya sé que es "difícil" entenderlo.
19 febrero 2006
Neofeudalismo antiespañol
Voy a insitir. No dispongo del tiempo de hace unos meses y por ello cada vez que me dispongo a escribir, me comprometo a ir muy al grano, a intentar concentrar mi poca o muy poca eficacia literia en aquello que creo fundamental. Me parece que mucha gente en este país se equivoca al identificar el hecho de concebir una España unida y cohesionada, una España legal en el sentido de que en todo su territorio se cumpla y respete la ley y que esté regida por algo tan sencillo y logrado como es el Estado de Derecho, con alusiones casposas y dignas de otros tiempos de falange, corsé y antisemitismo. Es un error, a mi entender, un grave error. Si algo ha defendido desde su existencia la doctrina liberal es aquello de lo que trae causa, aquello que le otorga carta de naturaleza, es decir, un Estado que defienda al individuo, un acervo legislativo comunmente aprobado y dotado del correspondiente monopolio de la violencia legal para hacerlo cumplir de tal forma que sirva para garantizar al ciudadano la libertad en su sentido más amplio. Cuando eso se siente amenazado, la sociedad se ve amenazada, el individuo se siente amenazado. Se puede estar a favor de la unión de homosexuales y de la adopción y se puede defender la unidad de España. Se puede defender la utilización de las células madre con fines científicos y estar a favor de que España, salvo reforma constitucional, siga siendo un país en donde se pueda disfrutar de los beneficios públicos por igual, sin importar dónde uno se encuentre. Se puede ser ateo o agnóstico y defender una España laica (pero respetuosa) al mismo tiempo que unida y solidaria. Se puede entender que sin creatividad e innovación no progresaremos y al mismo tiempo creer que la mejor forma de progresar es manteniendo nuestro territorio como lo que es, como algo que nos ha venido dado por el tiempo y sobre lo que no se debe actuar por entender que es mucho más importante conseguir la libertad y la democracia en el mismo que ponerle nuevas y neofeudales barreras. Y por supuesto, se puede defender el cosmopolitismo y la vanguardia desde posturas actualizadas al tiempo que se defienden nuestras leyes. Yo diría que esto opera al revés de lo que la hegemonía conquistada a través del control de los medios de comunicación nos dice. Es un requisito para alguien que pretenda considerarse de pensamiento absolutamente avanzado que el tiempo se dedique a defender el respeto al mecanismo de reforma de las leyes que nos ha hecho progresar en occidente. Eso es, a mi juicio, lo liberal, lo respetuoso. Lo retrógrado es el neofeudalismo nacionalista, sin ningún proyecto de progreso en la libertad individual, ni horizontes vanguardistas. Invitaría a la carjada que nos identificaran con lo retrógrado a quienes defendemos el Estado de Derecho sino fuera porque muchos ingénuos se lo están creyendo.
05 febrero 2006
Reforma Política
El problema de nuestra Transición inacabada se evidencia cuanto más débil es el gobierno de turno. El título octavo ha dado de sí todos los frutos esperados por un sistema político que prima las minorías sobre las mayorías, incluso si aquellas pretenden formar parte de los gobiernos de España para poder un día dejar de ser, precisamente, España. Es la gran paradoja nacional, hacer descansar el gran edificio español sobre la base de las arenas movedizas de los nacionalismos.
No voy a cansarme de repetirlo. Utilizaré más o menos palabras, en función del tiempo del que disponga. En este país no dejaremos de hablar de autodeterminación, eclipsando el verdadero debate que ocupa y preocupa a Europa -su geoestrategia y su falta de competitividad- hasta que no exista ninguna posibilidad de que dicho concepto adquiera carta de naturaleza en la realidad española. Y sólo hay una forma de conseguirlo. Con una seria reforma política, que alcance la forma de elegir directamente al presidente del gobierno, prime las mayorías en el Parlamento, represente a las Comunidades Autónomas en el Senado y establezca una verdadera división de poderes.
Si queremos prosperar materialmente, tenemos que reformarnos políticamente.
No voy a cansarme de repetirlo. Utilizaré más o menos palabras, en función del tiempo del que disponga. En este país no dejaremos de hablar de autodeterminación, eclipsando el verdadero debate que ocupa y preocupa a Europa -su geoestrategia y su falta de competitividad- hasta que no exista ninguna posibilidad de que dicho concepto adquiera carta de naturaleza en la realidad española. Y sólo hay una forma de conseguirlo. Con una seria reforma política, que alcance la forma de elegir directamente al presidente del gobierno, prime las mayorías en el Parlamento, represente a las Comunidades Autónomas en el Senado y establezca una verdadera división de poderes.
Si queremos prosperar materialmente, tenemos que reformarnos políticamente.
