La recomendación, que se convierte en una advertencia de nefastas consecuencias del Tribunal de Defensa de la Competencia, comunicada ayer es demoledora: los mercados del gas y la electricidad en España tienen estructuras poco competitivas, existiendo importantes barreras a la entrada de nuevos operadores. Una fusión entre cualquiera dos empresas del sector no haría sino fomentar el problema. Si las dos empresas en cuestión son los mayores operadores del país, las consecuencias para cualquier persona que crea en la bonanza del libre mercado son, sencillamente, desastrosas.
Dice textualmente: «los efectos del conglomerado de la operación alteran gravemente la dinámica competitiva existente en los mercados de gas y electricidad». La «empresa resultante» «reforzaría su posición de dominio» y poseería «una mayor capacidad para afectar los precios». Sobre la venta de activos a Iberdrola manifiesta que «no es posible asegurar que unas condiciones razonables pudieran compensar» los perjuicios ocasionados a los ciudadanos en los precios del gas y la electricidad.

El gobierno podrá decir lo que desee, pero es más que consciente del irreparable golpe que le asestaría a la ciudadanía, por un lado, y a la economía española, tan falta de competitividad, por otro.

Claro que con instituciones como la CAC es fácil decir lo contrario de lo que se piensa con la intención de no salir perjudicado.