Quienes mantenemos que la Transición española se concibió en un momento muy delicado, preñado de prejuicios y amenazas, entendemos que muchos de sus errores podían comprenderse como los menos perniciosos de cuantos podían ocurrir, como el precio que había que pagar desde el presupuesto del maximín, escenario posibilista y conservador que pretendía garantizar unos mínimos de convivencia política que sirvieran de base para avanzar hacia mayores cotas de bienestar material. Recalco lo de material, pues en otro caso la opción correcta hubiera tenido que pasar por escenarios de menor consenso y mayor separación legal y de facto con el régimen que aparentemente terminaba con el fallecimiento del dictador Franco.

También entendemos, desde hace casi quince años, es decir, desde que el felipismo afloró como un régimen de poder dentro de nuestra monarquía parlamentaria, que nuestro sistema político debía ser reformado para que los “obligados” vicios de la Transición que habían permitido los desmanes de los gobiernos de González se vieran purgados en las Cortes Generales a fin de alumbrar un sistema político más democrático, más participativo, con mayor capacidad de control sobre la clase política y menos sometido al constante chantaje de pequeños grupos minoritarios nacionalistas que, legislatura tras legislatura, iban exigiendo a cambio de su crucial apoyo parlamentario, mayores cuotas de poder en sus respectivos feudos, cuya población se encontraba controlada políticamente y adormecida por los medios de comunicación social afines al poder.

Con el firme propósito de desmarcarme de lo que en este momento se está llamando la segunda Transición por parte de grupos nacionalistas, es decir, siempre independentistas, y del partido socialista tanto en Cataluña como en Madrid, quisiera dejar claro que ésta no es la segunda Transición que muchas personas venimos defendiendo desde hace tanto tiempo. Es exactamente la contraria. En aquel momento se hicieron una serie de concesiones que, además de habernos llevado a la situación política actual, no hubieran tenido sentido de no haber sido por esa situación especial. La segunda Transición no debe abrir más la cafetera del título octavo cuyos únicos beneficiarios son los partidos que negocian en Madrid la forma de ejercer más férreamente el poder en sus respectivas Comunidades Autónomas, volviendo la espalda y haciendo difícil su existencia a todo aquel que no piense como ellos. La segunda Transición tiene necesariamente que tener en cuenta al ciudadano, concebido como individuo y si se quiere, como persona, pero no como parte insignificante de un ente superior donde encuentra su razón de ser y su máximo estadio de expresión, que es la comunidad, la nación cultural. La segunda Transición se hace hoy más necesaria que nunca para garantizar nuestra libertad política, la de todos los españoles que queramos seguir avanzando por la senda de la libertad, del progreso y de la vanguardia.

Y para ello no hay que permitir que Cataluña se autodefina como nación, sino todo lo contrario, reformar nuestra ley electoral de suerte que no tengamos jamás nunca que depender de personas como Rovira o Ibarretxe.

En este sentido, me alegra leer del catedrático de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza, Manuel Ramírez, una opinión (el link es de pago, en El País de 29 de octubre) tan cercana en este caso a mis planteamientos y, a mi entender, tan sensata en un país cuyos dirigentes parecen haber perdido la cabeza.